El proyecto de ley británico para enviar inmigrantes a Ruanda se podría convertir en ley esta semana
Esta semana el proyecto y elemento clave del gobierno británico para enviar solicitantes de asilo en un viaje de ida a Ruanda se podría convertir en ley, mientras sus opositores planean nuevas impugnaciones legales retrasando los vuelos de deportación.
El proyecto de ley, que ha sido bloqueado por la Corte Suprema del Reino Unido sobre el envió de inmigrantes a Ruanda sería aprobado esta semana por el Parlamento, luego de que el gobierno superó los esfuerzos para suavizarlo en la Cámara de los Lores. El proyecto es clave para la promesa del gobierno del primer ministro Rishi Sunak de detener barcos que traen de forma ilegal a inmigrantes al Reino Unido, y los primeros vuelos retrasados legalmente despagarán en junio, dijo Sunak.
El acuerdo entre Gran Bretaña y Ruanda, para enviar inmigrantes que cruzan el Canal de la Mancha en pequeños barcos al país de África Occidental donde permanecerán de forma permanente, fue firmado hace dos años. Aún nadie ha sido enviado a Ruanda debido a que el plan ha sido impugnado en los tribunales, un acuerdo que le ha costado al Reino Unido al menos 370 millones de libras (470 millones de dólares). La corte Suprema del Reino Unido dictaminó en noviembre que el plan de Ruanda era ilegal porque la nación no es era un destino seguro para los solicitantes de asilo.
El gobierno de Ruanda ha registrado a lo largo de décadas una documentación de supuesta represión de la disidencia tanto dentro como fuera del país por grupos de derechos humanos y gobiernos. Ruanda también ha sido acusado de graves restricciones a la libertad, reunión y expresión en Internet. Tras ser impugnado el plan, Gran Bretaña y Ruanda firmaron un tratado comprometiéndose a fortalecer la protección de los inmigrantes. El tratado permite aprobar una ley que declara a Ruanda un destino seguro, según el gobierno de Sunak.
El proyecto de ley sobre seguridad de Ruanda, dificulta que los inmigrantes impugnen la deportación y que el gobierno ignore las órdenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que prohíben las deportaciones. La legislación ha sido criticada por grupos de derechos humanos, organizaciones benéficas para refugiados, clérigos de alto rango de la Iglesia y muchos expertos legales. El plan de Ruanda es “fundamentalmente incompatible” con las obligaciones de derechos humanos del Reino Unido, dijo un organismo parlamentario de vigilancia de derechos en febrero.